La quita de coparticipación a CABA se lleva el salario de todos los docentes en 2022
La Corte convocó para el 10 de marzo a una nueva audiencia conciliatoria.
La Ciudad de Buenos Aires perderá solo este año por la quita de coparticipación que realizó el Gobierno nacional en 2020 unos 122.000 millones de pesos, equivalentes al 11% del presupuesto o, lo que es igual, al salario completo de un año de todos los docentes, lo que se paga por recoger los residuos durante un año y medio o los sueldos de todo el personal de salud durante ese período.
Esos números son los que están en juego en la audiencia que convocó la Corte Suprema de Justicia para el 10 de marzo a la que invitó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
En septiembre de 2020, cuando se dispuso la reducción de fondos, la Ciudad dejo de recibir 15.000 millones de pesos. A lo largo de todo 2021 no recibió 85.000 millones de pesos.
Fuentes del gobierno porteño le dijeron a La Nación que la proyección completa para el 2022 es de 122.000 milllones. Si se considera que la mitad del presupuesto porteño se destina a recursos humanos, donde no se puede ahorrar nada, lo que se debería recortar equivale al 22 por ciento de lo que queda, prescindiendo de hacer obras, contrataciones, entre otros gastos.
▶ La audiencia de la Corte
La Ciudad leyó como una señal positiva la convocatoria de la Corte, aunque duden de que en la reunión haya un acuerdo.
En diálogo con el diario La Nación, un alto funcionario de la Ciudad expresó: “Si el caso no se mueve al único que beneficia es al gobierno nacional porque todos los días corre el reloj del taxi, perdemos plata, en cambio si hay una audiencia es una señal de que la Corte esta comprometida con una solución”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunirá esta semana con parte de su gabinete económico y sus hombres de confianza en temas legales para definir la estrategia en la audiencia del 10 de marzo.
Si los representantes de la Ciudad y la Nación no se ponen de acuerdo, la Corte dictará una sentencia para zanjar el conflicto. Ninguna de las partes es optimista sobre la posibilidad de acordar en la reunión del 10 de marzo, pero en la Ciudad interpretaron que la Corte movió el caso luego de la decisión política de Alberto Fernández de transferir el pago de subsidios a los colectivos que circulan por la ciudad al Estado porteño. Según el diario La Nación, en la Ciudad hay optimismo porque creen que la Corte busca poner freno a la Nación. Solo especulaciones políticas porque no hay ninguna certeza.
La Corte tiene en sus manos dos procesos que tramitan juntos. En uno de ellos se pidió un recurso de amparo contra un decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández, de septiembre de 2020, que dispuso una quita 1,18 puntos de la coparticipación a la Ciudad. Los fondos fueron derivados al gobierno de Axel Kicillof, que en ese momento enfrentaba un conato de rebelión de la policía bonaerense, que reclamaba mejores salarios y llevó su protesta hasta las puertas de la quinta de Olivos.
El segundo caso es una demanda de la Ciudad contra la Nación en la que pide declarar inconstitucional y anular la ley sancionada en diciembre de 2021 que aumentó la quita de fondos dispuesta en el decreto anterior. La ley estableció que, en lugar de un porcentaje de la coparticipación (que acompaña el crecimiento de la recaudación derivado de la inflación) para solventar el traspaso de la seguridad y la policía porteña, la Nación destinaría a la Ciudad una suma fija inicial de $24.500 millones anuales, en doce cuotas mensuales, que luego podrían ser ajustadas por una comisión creada a tal efecto. O sea, que la ley fuerza a la Ciudad a encarar una “paritaria” con la Nación ante cada aumento inflacionario.
Por su parte, fuentes judiciales señalaron a La Nación que la audiencia tiene el objetivo de agotar las instancias para un entendimiento antes de verse obligados a dictar un fallo. Es similar a los ocurrido en toros conflictos que involucran a dos jurisdicciones, como lo ocurrido entre Mendoza y La Pampa por el Río Atuel. Allí hubo audiencia privada, como ahora, sin público, no se pusieron de acuerdo sobre el caudal mínimo que debía dejar fluir Mendoza hacia La Pampa para no perjudicarla en su medio ambiente y la Corte tomó una decisión.
