El convenio de la Ciudad con IRSA ya tiene media sanción

El oficialismo logró este jueves la sanción del convenio entre la Ciudad y la empresa IRSA para desarrollar el proyecto Costa Urbana en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, pese a las críticas de la oposición. Para su aprobación definitiva resta la audiencia pública y un nuevo debate en el recinto.

Por 37 votos positivos (VJ, UCR Evolución y PS) y 20 negativos (Frente de Todos, FIT Unidad y AyL) la Legislatura porteña dio aprobación inicial este jueves al proyecto -que tuvo despacho conjunto de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto- por el cual se ratifica el acuerdo firmado entre la Ciudad y la empresa IRSA para la construcción de un conglomerado de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.

El convenio entre la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que sólo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios.

Cabe recordar que el terreno en cuestión fue cedido en 1964 por el Gobierno de la Nación al Club Atlético Boca Juniors para la creación de su ciudad deportiva. En 1982, la Municipalidad de Buenos Aires le otorgó al club la posesión legal del predio, pero diez años después la institución vendió los terrenos a Santa María del Plata, sociedad que luego IRSA adquirió la mayoría de sus acciones.

Según se dio a conocer recientemente a modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, se modificó el artículo sexto, pasando a los nuevos artículos sexto, séptimo y octavo que dan cuenta de lo que IRSA se compromete a otorgar a la Ciudad:

1) La transferencia de 125.534 metros cuadrados, que representa el 17,53% de la superficie total del predio.

2) La constitución de una servidumbre administrativa de paso, gratuita y a perpetuidad sobre una superficie de 19.919 metros cuadrados, que representa 2,78% de la superficie total del predio.

3) La ejecución de un Espacio Público, con todas las obras necesarias, por un monto equivalente a 40 millones de dólares, para la construcción de parques, plazas, plazoletas, obras viales interiores, apertura y construcción del sistema de canales y espejos de agua de uso público, y protecciones de las riberas.

4) El mantenimiento y conservación de ese espacio público por el plazo de 10 años o hasta el monto total presupuestado para gastos por la suma de pesos equivalentes a 10 millones de dólares.

5) La transferencia al futuro Fideicomiso de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de futuro Lote 23, con superficie de 4.357 metros cuadrados y una capacidad constructiva de 9.474 metros cuadrados; una cantidad de tres millones de valores nominales de Bonos de renta fija, nominados y pagaderos en dólares estadounidenses, emitidos por la República Argentina; la suma de pesos equivalentes a UVA 2.455.736, pagadero en pesos argentinos de acuerdo a la cotización de la Unidad de Valor Adquisitivo emitida por el Banco Central de la República Argentina correspondiente al día del pago; la transferencia al Fondo que en el futuro se cree para el Desarrollo Urbano Sostenible, de Futuro Lote 22, con superficie de 2.263 metros cuadrados y una capacidad constructiva de 12.630 metros cuadrados y Futuro Lote 26, con superficie de 3.381 metros cuadrados y una capacidad constructiva de 6.315 metros cuadrados.

Iba a tratarse hace dos semanas pero una precautelar ordenó suspender el trámite legislativo del expediente que será rechazada por la Legislatura, por considerar que se trata de una intromisión de un poder en otro. El oficialismo decidió postergarlo y ya con la situación judicial resuelta, llevar el tema al recinto.

Debate

El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano Daniel Del Sol explicó: “Sin dudas va a potenciar la Ciudad, con incorporación de más espacios verdes y espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de casi 50 hectáreas de un área costera que hoy por hoy se encuentra fuera del acceso de la población”.

Y resaltó: “El acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma IRSA Inversiones y Representaciones S.A. propone recuperar y urbanizar 716.180 metros cuadrados del predio ubicado en Costanera Sur, de los cuales el 67,53% será cedido como contraprestación al Gobierno de la Ciudad para uso público, que incluye áreas verdes y espejos de agua, calles, bulevares, y una servidumbre administrativa de paso, gratuita y a perpetuidad”.

“Este proyecto genera desarrollo local, incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y de la calidad urbana, y creación de puestos de trabajo, lo cual es tan necesario en este contexto de pandemia. Además se propone abrir a la ciudadanía este territorio que por tantos años ha estado cerrado, sin acceso al Río de la Plata”, aseguró Del Sol.

También sostuvo: “Nadie quiere invertir en Argentina. El Gobierno nacional no atrae empresas. Por el contrario, cada vez estamos más distanciados de Sudamérica y del resto del mundo. No queremos ese país y no queremos esa ciudad. Por eso consideramos conveniente una iniciativa de estas características, que propone llevar y consolidar la ciudad sobre la Costanera Sur para que los vecinos y turistas puedan convivir sanamente con la ciudad y el río”.

Asimismo insistió: “Todos los proyectos que se lleven a cabo en la Ciudad se rigen por los lineamientos de hábitat establecidos en el Código Urbanístico y, por lo tanto, se aplica la prohibición de barrios cerrados. De hecho, se propone traccionar público, peatones y actividades que van a revitalizar un lugar al que actualmente nadie puede acceder”.

A continuación la diputada Claudia Neira (Frente de Todos), quien había presentado una observación al despacho reclamando que el proyecto también sea debatido en la Comisión de Uso y Protección del Espacio Público que preside, pidió que haya una mirada más vinculada al espacio público y realizó una serie de preguntas sobre las contraprestaciones aceptadas por considerar que no estaban demasiado claras.

La legisladora Amanda Martín (FIT Unidad) afirmó: “La Justicia porteña al revocar el fallo que ordenaba detener el trámite legislativo del convenio entre el Grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad, allanó el camino al oficialismo para votar el proyecto en la Legislatura”.

Y agregó: “Desde el Frente de Izquierda rechazamos este proyecto con nuestro voto en la Legislatura y propondremos que esas 71 hectáreas se destinen a espacios verdes, deportivos y culturales y a viviendas para la población trabajadora y la juventud”. En el mismo sentido se expresaron los diputados Pablo Almeida y Mechi De Mendieta.

La diputada Marta Martínez (AyL) señaló: “La Legislatura es la muestra del modelo de ciudad del oficialismo, hoy, dirigencia política, Poder Judicial y empresariado dan vía libre al negocio inmobiliario. ¡Nuestra denuncia y voto en contra de este Convenio del GCABA e IRSA en contra de la población!”.

En tanto el diputado Javier Andrade (Frente de Todos) afirmó: “IRSA quiere construir torres de 145 metros sobre el río, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Es zona de humedales, declarada sitio Ramsar. Dijeron que no iban a avanzar con los barrios privados en la Ciudad pero modificaron el Código de Edificación y la Ley de Catastro para posibilitarlos. El Código Urbanístico los prohíbe. El artículo 8 de la Constitución dice que el contorno ribereño es público y de libre acceso. Estamos hablando de la parcela privada más grande de la Ciudad, son 70 hectáreas que debían tener fines deportivos”.

Y agregó: “Como siempre, lo transformaron en un negocio impresionante. Pagaron 50 millones de dólares y ahora valdrían 1200 millones de dólares. Con este mega emprendimiento Larreta consolida su modelo urbano. Una Ciudad que le garantiza los espacios verdes y el acceso al río a las minorías privilegiadas, y donde la vivienda es utilizada como negocio y reserva de valor por unos pocos”.

La diputada Inés Gorbea (UCR Evolución) explicó los motivos por el cual el bloque que preside acompañó la aprobación en primera lectura del convenio y adelantó que trabajarán de cara a la sanción definitiva para incorporar una serie de modificaciones propuestas por la Dirección de Planeamiento, vinculadas básicamente a la conectividad y la disposición del espacio público que se creará.

En tanto, el diputado Hernán Reyes (CC ARI) marcó una serie de contradicciones de la oposición con respecto a las críticas realizadas a la iniciativa. “Hay una serie de olvidos vinculados a este tema. Estas tierras son privadas, porque primero el ex senador Carlos Menem, del Frente de Todos, habilitó la construcción y autorizó su venta y luego el compañero de lista de Leandro Santoro, Carlos Heller las vendió como vice de Boca. Conclusión, los super amigos de lo público, vendieron las 70 hectáreas. Por el contrario, nosotros estamos recuperando 50 de ellas y vamos a hacer un parque 100% público. Esto es lo que está en debate”.

Reyes también recordó: “IRSA vino en varias oportunidades a la Legislatura con pésimos proyectos urbanos y pocos beneficios para la Ciudad. Este proyecto es diferente. Ahora, se obliga a ceder 50 hectáreas y se hace cargo de la construcción del parque por 40 millones de dólares, más 2.300 millones de pesos para el Fondo de innovación tecnológica, más 3.200 millones de pesos para el Fondo de desarrollo urbano sostenible, más el cargo de mantener el parque por diez años”.

Además mencionó el proyecto que presentó Cristina Kirchner en el 2014 para la Isla Demarchi, en el extremo sur de Puerto Madero y cuestionó: “Hace un rato nomás proponían construir una torre de 400 metros en un predio de diez hectáreas, qué locura no. Y también me pregunto, ¿por qué votaron en contra de la contraprestación que la Ciudad acordó con San Lorenzo? Votaron a favor de la construcción del estadio pero se abstuvieron en el artículo que establecía la obligación de construir escuelas. Están vendiendo humo en lo que respecta a la recuperación del espacio verde y es necesario poner blanco sobre negro”.

No contento con esas declaraciones el diputado Matías Barroetaveña (FdT) salió al cruce: “Nosotros no estamos en contra de los negocios inmobiliarios sino de que se hagan en contra de los intereses de ciudadanos de la Ciudad. Un privado no está obligado a tener una visión que vaya más allá de los intereses de su propia empresa pero ustedes como Estado tienen que defender los intereses de los vecinos. Y esas tierras que efectivamente son privadas fueron cedidas para un uso deportivo y no queremos que eso se cambie”.

A lo que agregó: “Perdieron los dos tercios y empezaron a hacer estas cosas. Acuerdos con un privado para hacer negocios inmobiliarios sin respetar los intereses de los porteños. Además hay que discutir si no son necesarios 40 votos, llama la atención que para algo tan importante no sean necesarios. Lo dejamos planteado acá”.

Por último, el presidente del bloque Vamos Juntos Diego García Vilas dijo: “Parecieran preocuparse sobre el espacio público pero se tienen que hacer cargo. Es un terreno privado por accionar del ex presidente Menem, de Heller, los mismos que generaron el problema de tener un predio de 70 hectáreas que hace 30 años no se utiliza, son los que ahora nos vienen a cuestionar las soluciones. No lo puedo creer. Después pretenden confundir a los vecinos de la Ciudad, diciendo que no está claro si se van a ceder o no las hectáreas. Que se necesitan 40 votos, cuando actualmente no hay tierras de dominio público”.

Y concluyó: “Los invito a que acerquen propuestas pero que el diálogo sea franco. Que se hagan cargo de lo que ocurre y cómo se puede solucionar. Nosotros tenemos una visión clara de nuestro proyecto de espacio público, que es con mixtura de usos, ese es nuestro modelo de desarrollo y lo pretendemos hacer en todos los lugares de la ciudad de Buenos Aires”.